El Describidor


La justicia comunitaria bajo la lupa…
marzo 18, 2008, 1:36 pm
Filed under: Cultura

Desde mediados de los años 90 se discute en Bolivia la inclusión de la justicia comunitaria. En Estados Unidos ya hay universidades tribales y programas donde se forman abogados versados en justicia tribal. La actual Constitución la contempla y el proyecto de nueva CPE la menciona específicamente. En los estatutos autonómicos no está incluida.

Libro de la comunidad chiquitana de Palmarito, 14 de octubre de 2002: “El señor Pablo Burgos hizo un llamado a Guillermo Putaré y su señora, Felicia, por un problema causa de unos tragos que ocurrió en la misma casa del señor. La señora declara que cada vez que se chupa él le reclama, pero esto sólo es a causa de unos tragos. El señor Calixto Rivera, como juez, declara la sanción para este señor, para que no vuelva a hacer este escándalo. La sanción fue de acuerdo al reglamento interno comunal, que sea sancionado con 12 azotes para que no lo vuelva a hacer”.

Este documento, recogido por la investigadora Elva Terceros, es muy corriente en las comunidades indígenas. Es posible que, como señala la defensora del Pueblo de Santa Cruz, Sonia Soto, se vulneren derechos al aplicar este castigo. El antropólogo Xavier Albó tiene por costumbre pedir estos libros siempre que visita una comunidad. “Están llenos de casos de gente que tuvo una reyerta y arregla las cosas con la autoridad local, que no ha sido nombrada por el Gobierno. También llaman a sus padrinos o a otras personas. Suelen hacer un acta de buena conducta. Es común que la decisión se tome convocando a una asamblea”, explica.

Un ejemplo originado en una etnia de tierras bajas muestra definitivamente que la justicia comunitaria nada tiene que ver con los linchamientos. Albó afirma que, cuando ya se tuvo la posibilidad de contar con sus propios territorios, los guaraníes de Isoso establecieron que no se permitiría la pena de muerte. Y esto ocurría a finales de los años 80 del siglo pasado.

Pero remontándonos más aún, el etnógrafo Erland Nordenskjöld narra, a principios del siglo XX, su encuentro con el jefe guaraní Vacapoy. El mburubicha le contó el caso de un homicidio ocurrido hace seis meses y que fue resuelto por la comunidad. En otro caso de robo, la sanción consistió “en 50 varazos, y se envió al recién castigado a otra aldea para que no lo maten”.

El eminente investigador y explorador aclara que la presencia del jefe en ocasiones no tiene otra finalidad que impedir la venganza de sangre, es decir, el linchamiento, que la comunidad rechaza. De una forma parecida, la ausencia de la Policía puede derivar en sucesos como los de San Ignacio o Epizana.

Quienes practican esta justicia son figuras de autoridad elegidas en sus comunidades. Este proceso de selección toma en cuenta a los más sabios, es decir, a los más ancianos y a quienes mejor sepan hablar y aconsejar. Pese a ello, se suele menospreciar a los responsables en un cargo. El abogado Juan Carlos Urenda, uno de los ideólogos del Estatuto Autonómico, criticaba en un programa de televisión que para ejercer este tipo de justicia “sólo bastaba ser dirigente”. Sin embargo, como hace notar el director de Defensa de los Niños Internacional Santa Cruz, Fernando Rivero, sin este procedimiento el sistema judicial boliviano ya habría colapsado.

LA COSMOVISIÓN, LA CLAVE

El abogado Ramiro Balderrama es coordinador de la Fundación Gandhi y se dedica a la capacitación e investigación en derechos humanos en sectores populares e indígenas. Explica claramente la diferencia entre el derecho positivo y el derecho indígena: “Uno de los rasgos característicos de la administración estatal es que toma, como “medida de todas las cosas”, al hombre. Éste nunca es sólo medio, sino siempre fin en sí mismo. La administración de la justicia comunitaria, en cambio, no toma al hombre como “medida de todo” o fin en sí mismo, puesto que tiene como fundamento axiológico o de valores el orden cósmico”.

Aclara un poco más el concepto y dice que desde la percepción indígena, este orden cósmico es entendido como una totalidad orgánica que incluye tres dimensiones: la sociedad humana, la sociedad de los espíritus o sagrada y la naturaleza. Cuando la justicia comunitaria gestiona un conflicto, lo que busca es restablecer el equilibrio cósmico. Por eso, la transgresión puede provocar, según la particular cosmovisión de algunas comunidades, escasez de lluvia, heladas o granizadas. Este sistema de restauración del equilibrio es lo que se llama justicia comunitaria o sistema jurídico de los pueblos indígenas, y existe mucho antes que el propio Estado boliviano. Incluso se lo reconoce desde la época de la Colonia (por las Leyes de Indias).

Álvaro Infante fue consultor del Ministerio de Justicia y trabajó en el tema de justicia comunitaria a mediados de los años 90, así que sabe que el problema involucra a más de 12.300 comunidades con 250 habitantes cada una, donde el Estado no ha llegado a aplicar justicia porque no le interesan los casos pequeños, sino sólo aquéllos en los que hay intereses económicos. El fiscal Jaime Soliz reconoce que el Estado debe esforzarse en que el servicio estatal sea gratuito (ya lo es), pero, como matiza el padre Mauricio Bacardit, de la Pastoral Social Cáritas, los casos de corrupción no brindan una buena imagen de la institución policial.

LAS DOS JUSTICIAS

En 1994, la Constitución Política del Estado (artículo 171.III) reconoce a la justicia comunitaria no como una justicia paralela sino como una jurisdicción especial, por su capacidad de administrar normas propias y solucionar conflictos. En 1998, recuerda Infante, el Código de Procedimiento Penal insertó un artículo en el que se establecía que las determinaciones de esta justicia podían establecerse como causa de extinción de la acción penal. Fue el punto en el que ambas justicias se daban la mano.

Más recientemente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (artículo 34 que ahora es Ley de la República) reconoce el derecho de estos pueblos a administrar su sistema jurídico.

En Bolivia, el acceso a los servicios de la justicia ordinaria es deficiente. De acuerdo con las estadísticas del Defensor del Pueblo, sólo el 55% de los municipios del país cuenta con un juez, el 23% con un fiscal y el 3% con un defensor público, por lo que en gran parte de los municipios el servicio más cercano que tienen los ciudadanos bolivianos es el sistema jurídico de los pueblos indígenas y originarios.

Utilizada hace cientos de años, la justicia comunitaria no tiene nada que ver con los linchamientos e intentos de asesinato a supuestos delincuentes, que se han ido sumando en distintas regiones del país. Para muchos, la debilidad del Estado y la poca credibilidad en la ley han favorecido para que los sangrientos episodios se repitan cada vez con más frecuencia. Sonia Soto insiste en que los medios de comunicación están tocados por este problema, puesto que en las ciudades los linchamientos se hacen después de que llegan los canales de televisión, y el lenguaje racista que ha penetrado hasta el lenguaje cotidiano (“quiero matar un colla”, “quiero ver muerto al camba”) está insensibilizando a las personas.

UN DERECHO RECONOCIDO

La justicia comunitaria se traduce como el derecho de los pueblos indígenas a administrar su sistema jurídico. Es un derecho humano colectivo reconocido por normas internacionales (Convenio 169, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas), la Constitución y las leyes bolivianas vigentes (como el Código de Procedimiento Penal, la Ley INRA, la Ley del Ministerio Público, etc.).

La justicia comunitaria, o más propiamente el sistema jurídico indígena, es aquel sistema compuesto por autoridades, normas y procedimientos, a través de los cuales los pueblos indígenas y originarios regulan la vida de la comunidad y resuelven sus conflictos. Sin embargo, no está exenta de errores. Es por ello que instituciones como el Defensor del Pueblo alertan sobre la necesidad de promover los derechos de las personas sometidas a la jurisdicción indígena, principalmente los de los grupos poblacionales más susceptibles en la violación de sus derechos, tales como mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores. “El Defensor del Pueblo promueve los derechos humanos como límite del ejercicio del sistema jurídico indígena, principalmente el derecho a la vida, la integridad física y la prohibición de tortura, al interior del sistema jurídico indígena”, explica Waldo Albarracín.

LOS ORÍGENES

El historiador aymara Pedro Callisaya se remonta a tiempos prehispánicos para explicar los orígenes reales de lo que se denomina hoy justicia comunitaria, un nombre impuesto recién que vendría a traducirse en el “suma kamaña” (vivir bien), en tierras altas. La transgresión a esas normas de armonía es lo que se sanciona por la tenta guaraní o el ayllu andino. Estas reglas siempre han existido en el mundo indígena y las sanciones vienen de acuerdo con la gravedad del delito, “por ejemplo las fallas leves tienen penas leves, así como los delitos graves tienen otra instancia de tratamiento, no es tan simple como se lo ve actualmente”, dice Callisaya.

En el periodo del Tawantinsuyo, las transgresiones que se cometían en el ayllu se resolvían internamente con la participación de la comunidad liderada por los amautas, quienes decidían qué acción se iba a tomar en contra del acusado. Dentro de las penas leves estaban los chicotazos, determinados por la magnitud del delito; y dentro de las graves, la expulsión de la comunidad. Los bienes de los desterrados en muchas ocasiones eran repartidos entre los afectados.

En tierras bajas, como relata Nordenskjöld, había, entre los chanés, una figura de autoridad que sólo se ocupaba de resolver los casos de asesinato, seducción de mujer ajena y hechizo. En esa cultura, el seductor quedaba sin bienes y el robo se castigaba en una lucha abierta entre los bandos.

Si bien la pena de muerte no estaba incluida, sí hubo casos en los que, ante la gravedad del delito, se determinaba la muerte del acusado, previa aprobación de todos los amautas. “Sin embargo, generalmente se marcaba el cuerpo del autor del delito cercenándole parte de una oreja o de las fosas nasales para que fuera rápidamente reconocido. Las sanciones en el mundo andino han sido siempre más de carácter moral, y eso era lo que más afectaba. Dentro de la cosmovisión andina, se daba vida a todo objeto material, ya sean plantas, piedras, etc., así que si uno cometía un delito, sabía bien que había testigos y que ellos hablarían en algún momento”, explica Callisaya.

Las ‘ulakas’ (asambleas) eran las que determinaban y llevaban a cabo los juicios y las principales decisiones de la vida de la comunidad en general. Es ahí donde los testigos exponían los delitos que había cometido el acusado en cuestión y se decidía el castigo entre todos los pobladores al influjo del amauta, que por su sabiduría y sus años orientaba e inducía las decisiones de acuerdo con la gravedad del delito.

BRUJERÍA Y MUERTE

Dos ejemplos en la Chiquitania muestran cómo se interrelacionan la sociedad humana y la de los espíritus. Hay pocos conflictos por herencia, porque la voluntad del moribundo se respeta. Esto ocurre porque se cree que el alma vaga por un tiempo después de la muerte, así que puede “molestar” a quienes no cumplen sus deseos. Si eso sucede, se convoca al cheeserúsch para que “despache” al alma. Ha ocurrido, como relató el comunitario Patricio Bariquimia a Elva Terceros, que se ha ordenado la muerte. Una mujer fue acusada de hacer daño a los comunitarios. Ellos le preguntaron dónde estaba el veneno que usaba, y ella dijo que no tenía ningún veneno. Después de buscar en su casa, encontraron un tarro con siete granitos. “No es nada”, dijo la mujer, pero la obligaron a tomar esos granitos y murió. El mbaecuá entre los guaraníes es el hechicero del mal, y el ipaye, el del bien. A veces, un ipaye poderoso descubre las maldades del mbaecuá, y la comunidad se decide por la pena de muerte, pero no hay casos recientes documentados.

Para Pedro Callisaya, la degeneración del verdadero sentido de la justicia comunitaria llega en el periodo de la Colonia y de la República: “El perder el respeto a la naturaleza y a los dioses andinos es obra de la Iglesia, que con la extirpación de las idolatrías rompe con el pensamiento del mundo andino imponiendo un solo dios. Al tener esta dicotomía, el delito se hace más común”. Como es común también que estas transgresiones se den en momentos de embriaguez, “el alcohol es parte del sometimiento. La Iglesia misma, con la santificación de fiestas y los ‘alférez’ (los llamados actualmente prestes), fuerza a los comunitarios a pasar esas fiestas obligados a incurrir en gastos y a envolverse en un círculo vicioso en el que se incluía el alcohol”.

Dentro del mundo andino, el consumo de la chicha era de carácter estrictamente ritual, pero es a través de la conquista que llega el alcoholismo como parte del sometimiento. “Lamentablemente en los últimos hechos que hemos visto, ha sido el alcohol el que ha tergiversado el concepto de justicia en el mundo andino. En una ulaka, el tema del delito era tratado conscientemente, sin consumo de ninguna bebida alcohólica”, dice.

De acuerdo con Callisaya, la tergiversación de la justicia comunitaria en los hechos de linchamientos ocurridos últimamente, se debe al intento de legalizarla, ya que quienes ejecutan esos linchamientos se sienten protegidos por la normativa que se quiere dar con el término de justicia comunitaria. “Ni siquiera se juzga si han sido realmente los autores del delito e igual se los ajusticia y muchas veces por error se los mata, cosa que va poniendo en tela de juicio lo que se denomina hoy justicia comunitaria”.

“NO HABRÁ IMPUNIDAD”

Quien mata a alguien por error o por influjo de una borrachera, debe pagar con el mismo precio, de acuerdo con las reglas del mundo andino. La comunidad no puede ser un testigo mudo porque de lo contrario es cómplice. Si se aplicase en verdad la justicia comunitaria, la comunidad no podría ocultar ese tipo de hechos. Tampoco la justicia del Estado: “Que nadie crea que por obrar en medio de la masa quedará impune”, dice el fiscal Jaime Soliz.

¿Puede compatibilizarse la justicia comunitaria y la justicia ordinaria? “No considero que puedan compatibilizarse porque son dos visiones diferentes”, dice Callisaya; “en el mundo occidental todo está tipificado por áreas, la justicia civil, la penal, etc., mientras que en el mundo indígena aún no hay una visión clara de lo que ha sido la justicia comunitaria en sus raíces”.

Han pasado cinco o seis años en los que se ha querido legalizar la justicia comunitaria y ello es como crear una ciencia para el mundo andino pero que está en pañales, es muy difícil ver desde la actualidad la visión de lo que ha sido el “suma kamaña” de hace 500 años. Es todo un proceso para recuperar el verdadero sentido de lo que esto fue.

Hay un grupo de intelectuales juristas que a como de lugar quieren introducir lo que llaman derecho indígena o justicia comunitaria —dice—, pero creo que todo esto es por ganar espacios. Si bien la justicia occidental ha tenido muchas observaciones en su comportamiento, la justicia comunitaria debería guiarse por un campo más legal donde se cumplan ciertas normativas, donde se llegue al juzgamiento entre toda la población, sana y consciente, y donde realmente guíen autoridades originarias y los amautas. “Hoy en día, lamentablemente, cualquier persona por el color político o por cierta afinidad de parentesco con autoridades, ejercen ese rol”, concluye el historiador.

VACÍOS LEGALES

Carlos Alarcón, abogado constitucionalista, cuestiona que no exista dentro del Código Penal el delito de hacer justicia por mano propia o el utilizar la violencia para hacer valer las propias razones. “Un tipo penal de esta naturaleza puede ser una respuesta que contribuya a evitar estos hechos, como paliativo, puesto que la respuesta estructural tiene que ver con superar la anomia social y la debilidad extrema del Estado y de sus instituciones democráticas”.

La anomia social y la debilidad del Estado a la que se refiere Carlos Alarcón se han hecho evidentes ante el escaso esclarecimiento de los casos en los que la muchedumbre ha cobrado la vida de algún sospechoso. Pocos linchadores están en la cárcel, y pocas víctimas que han sobrevivido a las torturas han sido resarcidas. Ante ello, el Defensor del Pueblo ha iniciado una campaña de comunicación a través de la prensa y la radio en contra de los linchamientos por tratarse de “delitos de asesinato u homicidio”, exigiendo a las autoridades de la justicia penal (Poder Judicial, Ministerio Público y Policía) el procesamiento inmediato de los presuntos culpables y su posterior sanción.

Es importante aclarar que existen diferencias sustanciales entre el linchamiento y la justicia comunitaria o más propiamente el sistema jurídico de los pueblos indígenas. De acuerdo a Albarracín, entre las diferencias principales se pueden citar que los linchamientos se producen como consecuencia de la marginalidad, pobreza, desocupación, angustia colectiva y debilitamiento de la confianza del ciudadano en las instituciones públicas, que da lugar a la pérdida del respeto a la ley; son manifestaciones de impotencia de un grupo social que se halla frente a una situación que considera que el conflicto no puede ser resuelto de otra manera, a diferencia de la justicia comunitaria que es una forma ancestral de solución de conflictos al interior de la comunidad. Los linchamientos se producen generalmente en ámbitos periurbanos o urbano-marginales, o en lugares en los que no existe propiamente un sistema jurídico indígena originario (áreas de colonización, ex haciendas, etc.).

El linchamiento es realizado por una turba o muchedumbre criminal muchas veces alcoholizada; a diferencia de la justicia comunitaria que es administrada por las autoridades de los pueblos indígenas, que gozan de legitimidad y apoyo de la comunidad. Álvaro Infante la define como una justicia “humanitaria, dulce y que busca restaurar el equilibrio”.

UNA DISCUSIÓN QUE YA HA COMENZADO

La Clínica Legal Indígena del Sudoeste funciona en la Universidad de Nuevo México (Estados Unidos) y proporciona a los estudiantes la oportunidad de practicar Derecho Indígena. Está dirigida por Christine Zuni, integrante del pueblo isleta. Durante sus investigaciones y docencia, Zuni exploró el derecho y la cultura, incluyendo el impacto de la ley en la familias indígenas.

En 2004 estuvo en Santa Cruz. En esa ocasión, explicó que la aplicación de la justicia tribal está muy relacionada con la autonomía indígena, que les permite controlar los recursos naturales. La Universidad de Nuevo México tiene un manual completo sobre las decisiones tomadas por la justicia tribal. El manual se puede descargar de http://www.tlj.unm.edu (lamentablemente, está en inglés). La Facultad de Leyes de esta universidad fue una de las primeras en reconocer en 1967 la trascendencia de la soberanía indígena, y creó programas para estimular la participación de los nativos estadounidenses en la profesión de las leyes. También proporciona asesoramiento a las comunidades en casos específicos.

El debate está muy avanzado en Estados Unidos, y en Bolivia se puede fijar su inicio en los albores de la década de los 90. Según el abogado Álvaro Infante, en el proyecto de nueva CPE que se aprobó en Oruro, no fue un tema al que se le haya dado mucha importancia, pese a que se reconoce a las comunidades originarias su capacidad para administrar sus propias normas, aunque definiendo claramente su ámbito de aplicación. Por supuesto, está en relación de igualdad con la justicia estatal.

Hace dos semanas, radio Santa Cruz convocó al fiscal Jaime Soliz, al representante de la Pastoral Social Cáritas, Mauricio Bacardit; al director regional de Defensa de los Niños Internacional, Fernando Rivero Ovando, y a la defensora del Pueblo, Sonia Soto, a un programa en el que se analizaron algunos aspectos de este tema. Respecto a los linchamientos, Soto insistió en que la Policía debe hacer un mea culpa y reflexionar acerca de la efectividad de su trabajo. “Un 60% de los fondos que se recaudan van a Musepol. No hay Gobierno que le ponga el cascabel a ese gato”, protestó.

Jaime Soliz respondió que, durante su gestión, ningún caso de esa naturaleza ha quedado impune. Bacardit terció en el programa recalcando que la Iglesia no es partidaria de la sentencia de muerte lo mismo que las leyes bolivianas y que la vida tiene más valor que el peor delito.

Soliz contó que hay lugares donde la justicia ordinaria no puede aplicarse fácilmente. En ese caldo de cultivo, la “justicia por mano propia” se ve facilitada.

Frente a este sistema estatal demasiado imperfecto, los estudiosos afirman que en la justicia comunitaria en la que no hay cárceles, hasta un asesino puede reparar en parte su culpa, trabajando para la familia de la víctima.

“ES POSIBLE COMPATIBILIZARLAS”

Carlos Alarcón es abogado constitucionalista. A él le consultamos acerca de la viabilidad de la justicia comunitaria y sus aplicaciones en el marco legal establecido. En términos generales, coincide con la de otros expertos y con la experiencia de otros países, como Estados Unidos, donde funcionan universidades tribales donde se la enseña.

¿Considera viable la aplicación de la justicia comunitaria a la par de la justicia ordinaria?

• Antes de analizar la viabilidad de la concurrencia constitucional de la justicia ordinaria con la comunitaria, considero importante aclarar que no debería hablarse de justicia comunitaria sino de indígena originaria, para evitar que cualquier grupo de personas se considere legitimado para impartir justicia sin una base de pertenencia étnica cultural a un pueblo o comunidad que ha realizado prácticas milenarias de justicia en aplicación de usos y costumbres reconocidos y comprobados por la tradición.

Es posible compatibilizar la justicia ordinaria con la justicia indígena originaria y por tanto que sea viable la aplicación complementaria de las dos formas de justicia, en la medida que se respete la base universal de la justicia ordinaria, que se fundamenta en un vínculo universal de la persona con el Estado, y la base particular de la justicia indígena originaria, que se fundamenta en un vínculo particular de pertenencia de una persona a un pueblo indígena.

Deslindado el plano universal y particular que corresponde a cada una de estas formas de justicia, su aplicación conjunta depende de una adecuada delimitación de sus respectivos ámbitos de vigencia material, personal y territorial.

¿Cuáles son los principios de la justicia comunitaria?

• Los principios de la justicia indígena originaria deberían ser los mismos de la justicia ordinaria para poder identificarlas a ambas como expresiones de justicia de un mismo sistema constitucional. Tales son los principios de independencia, imparcialidad y debido proceso que hacen a la esencia del “juez”, sin importar que éste sea o no indígena.

En su opinión, ¿debería endurecerse el Código de Procedimiento Penal para evitar actos como los linchamientos ocurridos en Cochabamba?

• Es necesario hacer ajustes al capítulo de las medidas cautelares personales del Nuevo Código de Procedimiento Penal, para mejorar el sentimiento de seguridad ciudadana en la población. No obstante ello, los linchamientos constituyen un fenómeno patológico de violencia social y justicia por mano propia, cuyas causas van mucho más allá de la vigencia del Nuevo Código de Procedimiento Penal.

Principalmente, están relacionados con la anomia social que vive el país, la violencia social como respuesta general para resolver todos los problemas y la falta de la autoridad del Estado y sus instituciones.

Fuente: lostiempos.com

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